“Son ilegales, que podemos decir; son criminales, nos amenazan que si hablamos irán contra nuestras comunidades y familias”, fue una de las más fuertes versiones de un líder comunitario, que se encuentra cerca de una zona supuestamente concesionada legalmente y que opera sin mayores reparos frente a todo pronóstico en el día y por la noche.
Hace un año aproximadamente moradores del barrio La Canela de la comunidad Alto Shandia, denunciaron detalles sobre la presencia de operadores mineros de una empresa “disfrazada” dentro de sus territorios ancestrales, esta situación fue corroborada con el vuelo de drones que les permitió revelar en redes sociales la catástrofe que ocasionaron en ese entonces.
La minera, “aparentemente legal”, cuestionan ellos, sigue después de casi doce meses en la misma jurisdicción sin inmutarse y destrozando todo lo que se ve a su paso; ese grupo de operadores mineros ingresaron a los terrenos de la familia Andy Vargas dentro de la concesión Victoria 2 código 100000160 a orillas de río Jatunyacu, esa “presunta” actividad ilegal puso en riesgo a la salud de los niños de la comunidad Alto Shandia y a los proyectos ecoturísticos de la comunidad vecina de Shandia, la preocupación que ha llegado de manera documentada ante las autoridades competentes, ha quedado según ellos, en el olvido; las jornadas de remoción de tierra con equipo caminero pesado continua, y al parecer no han parado, indican ahora los portavoces de varias organizaciones que buscan ayudar a las poblaciones que protegen la naturaleza.
Ante esta situación que para ellos es un apocalipsis, las comunidades Kichwas del Alto Jatunyacu se suman cada semana a estas denuncias en las que incluyen a la “supuesta irresponsabilidad” de las empresas mineras Terraearth Resources S.A. y Blackpearl Mining Ecuador S.A., organizaciones que, para ellos, “han vulnerado sus derechos frente a la consulta previa y libre e informada”.