En el centro Intipungo del Vicariato Apostólico de Puyo, se realizó la clausura del trabajo de la mesa 5 de recursos naturales que inició en pasado 19 de septiembre en la provincia de Pastaza.
El trabajo inició en las instalaciones de la Secretaría Técnica de la CTEA, con la finalidad de analizar los avances de la mesa 5 y la reforma al reglamento de la Ley de la Circunscripción Territorial Amazónica.
En este sentido, se han hecho algunas observaciones, sobre todo al artículo 12 del reglamento ya que hay una deuda del estado por más de 40 años con los pueblos amazónicos, por lo que requieren una nueva distribución de los recursos y la contratación de personal de la localidad en los diferentes proyectos que se emprendan en las diferentes provincias de la región amazónica.
En cuanto a los porcentajes en la distribución de recursos a los diferentes gobiernos seccionales, se ha sugerido que a los GADs provinciales se baje del 28% al 20%, a los GADs Municipales del 58% al 30% y de los gobiernos parroquiales que se mantenga el porcentaje del 15%. Esto, solo como una sugerencia ya que en definitiva será la asamblea la que tenga que tramitar las reformas.
Así mimo se sugiere la creación de una empresa pública, para que sea la responsable del manejo de los recursos para las nacionalidades en un porcentaje del 30%, que hasta ahora no lo tienen, pero creen que es pertinente que parte de los recursos que salen de los réditos del petróleo, regresen a las comunidades de donde salen los mismos, para obras de desarrollo.
Dentro de esta mesa de trabajo, se sugirió la presencia del representante de la iglesia católica en la ciudad de Puyo que es monseñor Rafael Cob García, para que sea el mediador y garante de los acuerdos obtenidos.
Iván Illanes, parte de la mesa de diálogo, señala que nota una buena predisposición de parte del Gobierno Nacional para cumplir con todos los requerimientos que se han hecho de parte del sector indígena, por lo que esperan que todo esto se haga realidad, caso contrario no se descarta la toma de una medida de hecho como un nuevo paro nacional.
Las comunidades están atentas a la respuesta del Gobierno, que esperan que sea positiva, porque el otro camino sería el de la lucha y resistencia como medida de presión como siempre se lo ha hecho, por lo que, a partir del 12 de octubre que es la fecha para el cierre de las mesas de diálogo, se pueda dar un informe ya sea favorable o desfavorable y que sean las bases las que tomen la última decisión.