Al parecer todo tenía sentido después de las denuncias que hicieron varios Colectivos Ciudadanos en Napo, los resultados del Operativo Manatí 2 que dio un duro golpe a la minería ilegal reveló los insinuosos tentáculos que tenía ex funcionario de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Frente a esta actividad ilegal los operativos desarrollados el 25 de noviembre del año en curso, en Napo, Orellana, Morona Santiago y Quito, dejaron como resultado la desarticulación de una presunta organización delictiva, dedicada a la actividad ilícita de recursos mineros.
Los 6 aprehendidos y varios indicios encontrados en sus domicilios tendrían una supuesta relación con otros eventos acaecidos durante casi un año desde la fiebre del oro en Yutzupino de la parroquia Puerto Napo, en la provincia de Napo.
Maquinaria ubicada estratégicamente en sitios de difícil acceso y obviamente restringidos con cercas metálicas, más clasificadoras tipo Z con varios metros de mangueras, fueron decomisadas en las mismas horas que se desarrollaba Manatí 2.
El operativo ejecutado de prevención ante la realización de actividades ilícitas que causan daños ambientales también puso en evidencia algunos detalles corroborados por las autoridades competentes, quienes dieron a conocer que, el mismo 25 de noviembre del 2022 a las 3h30 am de la madrugada, la Policía Nacional del Ecuador y Fuerzas Armadas del Ecuador “decomisaron retroexcavadoras saliendo de los frentes mineros ilegales de Naranjalito, con rumbo al Cantón Carlos Julio Arosemena Tola”.
“Esta maquinaria pertenece a J. P., hermano del Alcalde del cantón Carlos Julio Arosemena Tola. Esta familia viene realizando minería ilegal por muchos años en el cantón Arosemena Tola y Yutzupino, y en estas últimas semanas se encontraban explotando en la comunidad Naranjalito, parroquia Puerto Napo”, anunciaron miembros de los colectivos sociales que han actuado con denuncias, seguimiento y varias gestiones ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional.
Las comunidades y los Colectivos Sociales vienen denunciando por más de dos años las irregularidades de la minería ilegal, ellos han exhortado “Exigimos a las autoridades que estos delincuentes que atentan contra la vida y la naturaleza sean sancionados y que se hagan cargo de los pasivos ambientales que han dejado en su paso” finalizaron en sus comunicados colgados en redes sociales.