En la política latinoamericana existe una costumbre cada vez más frecuente: cuando una autoridad es investigada, sancionada o enfrenta una decisión adversa de la justicia, sus simpatizantes suelen denunciar una supuesta persecución política.
El argumento es tan recurrente que, en ocasiones, pretende convertir cualquier consecuencia legal en una prueba de victimización. Sin embargo, una democracia madura exige distinguir entre la persecución y la aplicación de la ley.
La suspensión de los derechos políticos del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por una sentencia relacionada con violencia política de género ha vuelto a poner este debate sobre la mesa. Más allá de las simpatías o diferencias que pueda generar su gestión, lo importante es comprender que las decisiones adoptadas por las instancias competentes dentro del marco jurídico no constituyen, por sí mismas, un acto de persecución.
La esencia del Estado de derecho radica precisamente en que las normas se aplican a todos por igual. La legitimidad de una autoridad no nace únicamente de los votos obtenidos en las urnas, sino también de su disposición a someterse a las reglas democráticas y aceptar las consecuencias derivadas de sus actos. Cuando una autoridad pública considera que una decisión judicial es injusta, tiene a su disposición los recursos legales establecidos para impugnarla. Lo que no puede pretender es colocarse por encima de las instituciones o desacreditar el sistema cada vez que un fallo le resulta desfavorable.
La verdadera persecución política ocurre cuando el poder se utiliza para acallar voces críticas, intimidar opositores o restringir derechos por razones ideológicas. La justicia, en cambio, opera mediante procedimientos, pruebas, garantías procesales y resoluciones emitidas por organismos facultados para ello. Equiparar ambos conceptos no solo es incorrecto; resulta perjudicial para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Este caso, deja además una reflexión necesaria sobre el ejercicio del liderazgo público. Gobernar una ciudad implica mucho más que ejecutar obras o administrar recursos. Significa también representar valores, promover la convivencia democrática y actuar con responsabilidad frente a la ciudadanía. El respeto no es una virtud secundaria en la función pública; es una condición indispensable para ejercerla.
La violencia política de género no fue incorporada a la legislación como una figura simbólica ni como una herramienta de confrontación partidista. Quizás la lección más importante de este episodio sea que el poder no puede convertirse en un escudo frente a la ley. En una democracia sólida, los cargos públicos no otorgan privilegios especiales ni inmunidades morales. Por el contrario, quienes ejercen responsabilidades de gobierno deberían ser los primeros en dar ejemplo de respeto institucional y apego a las normas.
La fortaleza de una sociedad democrática no se mide por la ausencia de sanciones a sus autoridades, sino por la capacidad de sus instituciones para actuar cuando las circunstancias lo exigen. La igualdad ante la ley sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la convivencia republicana.
Porque la justicia no es persecución. La justicia es, precisamente, la demostración de que nadie está por encima de la ley – y todos tarde o temprano deben rendir cuentas a Dios y sus mandantes
Por: Byron Jonás Naranjo Cando, B.A., MSc. –POLITÓLOGO y MÁSTER EN GOBIERNOS SECCIONALES. Miembro de la AECIP – Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Miembro de la Asociación Americana de Administración Pública – The City University of New York:CUNY.