El Prefecto Gerente de la Empresa Pública Pastaza Progresa, Rolando Torres, mediante rueda de prensa aclaró el uso del servicio de vuelos subsidiados tras las recientes críticas y versiones difundidas en medios. La entidad ejecuta el proyecto con recursos del Fondo Común, conforme al convenio suscrito en octubre de 2020, cuyo objetivo es garantizar la conectividad de los habitantes de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Torres explicó que la normativa vigente no establece exclusión alguna por condición política, religiosa, económica o de otra índole. Pueden utilizar el servicio todas las personas nacidas en la Amazonía o residentes con al menos tres procesos electorales consecutivos, lo que se acredita mediante certificación del CNE o declaración juramentada. En consecuencia, candidatos, funcionarios públicos, docentes, médicos y dirigentes siguen siendo ciudadanos con derecho al beneficio.
En cuatro años de operación han viajado más de 22.000 personas, de las cuales apenas unas diez corresponden a figuras públicas o candidatos de distintas organizaciones políticas. La inmensa mayoría son habitantes de escasos recursos del interior de la provincia. Quienes no pertenecen a la circunscripción pagan el valor comercial completo sin subsidio; extranjeros y visitantes también han utilizado las rutas abonando la tarifa real. Las tarifas subsidiadas son de 20 dólares para adultos y 10 dólares para adultos mayores, personas con discapacidad y niños.
Las bitácoras, listas de pasajeros y toda la documentación se encuentran a disposición pública, sumando más de diez mil hojas de registro. La Secretaría Técnica Amazónica recibe informes bimensuales y no ha formulado observaciones sobre los casos mencionados. Se invita a quienes tengan dudas a solicitar la información formalmente en lugar de difundir recortes o fotografías parciales.
Sobre el futuro del proyecto, Pastaza Progresa presentó en junio de 2025 una propuesta de continuidad que integra además transporte de carga, apoyo a la producción local y fomento turístico. A la fecha se han enviado diez comunicaciones sin recibir respuesta oficial. Se ha conocido que la Secretaría Técnica proyectaría asumir directamente la ejecución mediante un proceso de contratación pública por unos 4,1 millones de dólares, que excluiría a Morona Santiago. Pastaza Progresa participaría en igualdad de condiciones si se convoca a licitación.
La operación actual se mantendrá con recursos remanentes hasta mediados de octubre de 2026. Ante la presentación de denuncias ante la Contraloría General, la gerencia solicita expresamente la realización de una auditoría: reafirma que no existe desvío de recursos, que todos los pasajes han sido debidamente cancelados y que la entidad actúa conforme al convenio vigente.