La compañía de transporte Intrapuyo, representada por su abogada Paulina Guevara y su presidente Jorge Coka, presentó formalmente ante la Empresa Pública de Transporte y Movilidad de Pastaza (Transcomunidad EP) una solicitud de revocatoria del trámite administrativo que declaró terminado unilateralmente su contrato, tras considerar que el proceso adolece de vicios graves, desigualdad de trato y afecta a más de 10 familias y a miles de usuarios de Puyo.
El 12 de abril de 2026 se aperturó el trámite de terminación del contrato, que se resolvió en apenas 20 días, negándose la petición de 5 días adicionales para verificar ante la Superintendencia de Compañías si la entidad se encontraba en liquidación o disolución —motivo esgrimido para el cese—. Al obtener la documentación, se comprobó que no existía tal condición.
El 5 de agosto se presentó la solicitud de revocatoria; el 1 de septiembre se entregó la información complementaria. Han pasado más de 20 días sin respuesta formal.
Se denuncia trato desigual: otra empresa recibió absolución por una falta similar detectada por error en el correo de Intrapuyo; la funcionaria que advirtió el error fue despedida.
Las unidades permanecen paradas desde hace casi seis meses: familias endeudadas, sin ingresos, y la ciudadanía sufre escasez del servicio.
Paulina Guevara señaló: «No se trata de intereses personales: es la ciudadanía la que clama por el regreso de Intrapuyo. Madres con niños esperan en las paradas sin encontrar unidades. Se vulneraron derechos constitucionales, se negó tiempo para presentar pruebas, se exigen gastos notariales innecesarios y no se responde la revocatoria. Si no hay respuesta, presentaremos acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Que hablen los alcaldes del directorio, que pronto salen de sus cargos: que sea la voz del pueblo la que se escuche.»
Jorge Coka — presidente de Intrapuyo: dijo: «Las multas vienen de desvíos por obras de regeneración urbana, no por negligencia. No existe igualdad de tratamiento. Creemos en la justicia, pero pedimos sensibilidad: somos familias que trabajan para servir a la comunidad. El pueblo pide que volvamos y la ley nos ampara.»
Se espera respuesta de Transcomunidad sobre la revocatoria sin más dilación. De no haber pronunciamiento favorable, se activarán garantías constitucionales, incluida acción de protección programada para las 14h30 del día de la audiencia.
La suspensión del servicio continúa afectando la movilidad diaria de cientos de personas en Puyo.