El pasado 16 de abril de 2026, mediante una denuncia pública se conoció sobre el despido masivo de profesionales de la salud por parte del Ministerio de Salud Pública, afectando a médicos, enfermeros y personal sanitario que cumplen un rol esencial en la atención de la población.
Según la denuncia, “detrás de cada despido no hay solo un contrato terminado, hay familias enteras que dependen de estos ingresos, hay hijos, hay hogares que hoy quedan en incertidumbre. No se está desvinculando números, se está dejando sin sustento a personas que han dedicado su vida al servicio de la salud pública.
Estos hechos contradicen abiertamente los compromisos asumidos por el gobierno, que en su momento aseguró que no se realizarían despidos en el sector salud. Hoy, esa promesa ha sido incumplida, generando indignación y desconfianza en quienes sostienen día a día un sistema que ya se encuentra gravemente debilitado.
El sistema de salud pública en el Ecuador no se está fortaleciendo, se está desmantelando progresivamente. La salida de personal capacitado en provincias como Pastaza agrava la crisis, dejando a la población con menos acceso a atención digna y oportuna.
Resulta inevitable cuestionar si estas decisiones responden realmente a una planificación técnica o si existen intereses ajenos al bienestar colectivo que están influyendo en el debilitamiento del sistema público de salud.
Ante esta situación, hacemos un llamado urgente a la ciudadanía, a los gremios de salud y a los medios de comunicación a no guardar silencio. Exigimos explicaciones claras y la revisión inmediata de estas decisiones”.
Narcisa Sánchez, en calidad de Defensora de Derechos Humanos y la Naturaleza desde la sociedad civil, reacciona ante esta situación y señala que ya se ha activado un llamado de alerta ante la Defensoría del Pueblo, por el hecho que la desvinculación del personal de salud es un atentado contra la vida de los seres humanos. Hay comunidades donde solo cuentan con la atención de un médico familiar y es el único acceso de los ciudadanos a su derecho a la salud y quitarles el médico familiar es prácticamente vulnerar el derecho a la salud que tienen las personas.
De lo que se conoce en la provincia de Pastaza hay una desvinculación de al menos unos 40 servidores de la salud y que lamentablemente el actual director distrital de salud ha procedido de una manera equivocada afectando a toda una sociedad. Por lo que el oficio se ha extendido hasta el señor Defensor Nacional.