Una acción de protección interpuesta por el presidente de la Comuna San jacinto del Pindo, Milton Vargas, quien reclama gran parte de la ciudad de Puyo como territorio ancestral, habría sido acogida por el juez competente, quien a su vez dispone tanto al gobernador Rolando Ramos, como a la intendenta de policía del Cantón Pastaza Yomira Villafuerte, la prohibición de disponer desalojos en esta zona, hasta que se resuelva dicho asunto.
Ramos, señala que el tema no es de ahora, sino de algunos meses atrás, donde el juez ha accionado en su contra que no se puede accionar en temas de desalojo en estos terrenos comunales por un litigio que se encuentra en desarrollo.
En este sentido, señala que han sido demandados no sólo él como gobernador, sino también otras autoridades como la intendenta Yomira Villafuerte, el alcalde del Cantón Pastaza Germán Flores Meza, la directora del MAG Pastaza Alba Breddy, entre otros. Ellos a su vez, se están defendiendo conforme a derecho y restableciendo lo que a ellos les compete desde el ejecutivo como tal; es decir no son ellos los que disponen un desalojo, sino que esto viene como una obligación de la autoridad competente que emite una resolución para que esto se realice.
Ramos recalca que es el juez el que dispone la orden de desalojo de un predio, obviamente luego de un proceso de demanda y resolución y ellos están para acatar y garantizar la seguridad con personal de policía nacional.
En este sentido, hay propietarios de predios legítimamente constituidos que con documentos en mano han hecho uso a su derecho de defender y proteger su bien privado y que se lo viene tratando a nivel judicial.
Señala que también fueron incluidos en un proceso de investigación dentro de la fiscalía general del Estado, pero que gracias a Dios se ha archivado, puesto que como se ha señalado ellos no son los que disponen los desalojos, sino que esto viene por orden judicial con los indicativos del caso.
En definitiva, por el momento, están prohibidos de ejercer desalojos de propiedades privadas, hasta que sea un juez el que dirima de manera definitiva este litigio sea resuelto.
En materia de seguridad, eso sí aclara que como autoridades están en la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos a través de diferentes operativos que se puedan organizar cuando el caso lo amerita.