Autor: Dr. Pedro D. Dávila Jácome
El pasado martes 17 de septiembre de 2019 quedará grabado en la historia nacional como el día en que la tibieza, la testarudez y la desidia campearon en las decisiones de la Asamblea Nacional.
Como es de conocimiento público, en la fecha aludida, entre otros temas, se debatió el proyecto de reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal – COIP cuyo fin perseguía la despenalización del aborto por violación en el Ecuador.
Más allá de las respetables opiniones que se han expuesto entre grupos denominados “pro vida” -en contra del aborto- y “pro aborto” -a favor del aborto-, el tema en debate en esta instancia se constriñe a la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que hace.
Deja mucho que desear el proceder de algunas legisladoras y legisladores, quienes en su momento; en apariencia, dejaron de lado sus creencias religiosas e ideologías políticas, para abiertamente expresar el “apoyo incondicional al aborto por violación” en defensa de los derechos de la mujer, el respeto a su integridad corporal, la salud sexual y reproductiva: su dignidad humana.
Los “representantes del pueblo ecuatoriano” en medio de emotivos discursos con frases desgarradoras y entre lágrimas de dolor e indignación, con oratorias hasta rimbombantes, se plantearon la bandera de lucha por el aborto por violación, hicieron llamados a la conciencia de las bancadas legislativas -que más de uno de nosotros nos convencimos de la noble proeza de sus parlamentos- en búsqueda de la coherencia para reformar el artículo 150 del COIP en aras de la defensa de la dignidad de la mujer.
Más sin embargo, el día crucial en que se requería su voto coherente en línea de sus aparentes convicciones -como suele suceder en la realidad política nacional- una vez más brillo la tibieza, la testarudez y la desidia de los padres de la patria. Algunos se ausentaron, otros se abstuvieron y otros simplemente votaron en contra del proyecto que días atrás defendieron.
Por otra parte, resulta loable rescatar que asambleístas jóvenes de línea conservadora, con quienes discrepemos por sus posiciones radicales, hayan sido coherentes desde un principio en la defensa de sus convicciones -erradas o no- y lo hayan cristalizado en esa línea en la votación parlamentaria de rigor.
Hay que dejar sentado que el tema del aborto por violación es un tema muy sensible, polémico y muy delicado, en el que caben múltiples argumentos, todos válidos; sin embargo, no existen verdades absolutas que deban ser impuestas, sino que cabe un debate democrático y respetuoso que permita con pragmatismo no criminalizar a la mujer por el aborto en caso de violación.
Sin duda el tema trae varias interpretaciones, en tanto el artículo 45 de la Constitución de la República, establece que el estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. De ahí que la vida y la concepción nos llevan a discusiones de carácter filosófico o teorías científicas que no han podido ser desentrañadas y no hemos podido llegar a acuerdos, reiterando que no existen verdades absolutas que puedan imponerse a través de dogmas contrarios al respeto y protección de los derechos humanos.
Lo irrefutable es que el tema en comento, trastoca la dignidad de la mujer al no poder decidir sobre su propio cuerpo, en tanto nuestra sociedad con desidia sostenga que el tema del aborto por violación es una cuestión meramente “sentimental” sin ninguna trascendencia.
Una vez más producto de la preeminencia de los intereses personales por sobre la defensa de los derechos de los niñas, adolescentes y mujeres, ha vencido el cálculo político que se campea por buscar coyunturas de poder, perdiendo el Ecuador la oportunidad de no criminalizar a la mujer como víctima de violencia sexual.
Nos queda nada más aguardar qué jamás nuestras familias sufran la tragedia de vivir en carne propia el execrable delito de violación que es abominable. La despenalización del aborto por ahora solo quedó en la tibieza, testarudez y desidia discursiva.