Todo empezó con el decreto ejecutivo No 459 con fecha 20 de junio de 2022, en el cual se declara en estado de excepción a las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, en el cual, a criterio de muchos, esta declaratoria de incluir a nuestra provincia, supuestamente obedece a una gestión directa del asambleísta de Pastaza Elías Jachero.
El decreto contemplaba algunas restricciones y limitaciones a ciertos derechos ciudadanos tales como: se suspende el derecho a la libre asociación o reuniones, no se permitían aglomeraciones durante las 24 horas del día, se suspende la movilidad de tránsito y se despejarán las vías inhabilitadas; por otro lado, las fuerzas de la seguridad podrán hacer uso progresivo de la fuerza y las garantías para la detención de ciudadanos.
Fruto de ello, lo que todos ya conocemos, las terribles consecuencias que se dieron el pasado martes 21 de julio, en la oscura noche de Puyo, en la cual se produjo la muerte de Byron Guatatoca, el incendio de varias unidades motorizadas de la Policía Nacional, incendio del UPC del barrio México, varias personas y policías heridos, así como también destrucción y saqueo de la propiedad privada.
Marlon Vargas, como presidente de la Confeniae, en su debido momento, responsabilizó al asambleísta Elías Jachero de ser el gestor del decreto presidencial, que desembocó en estas terribles consecuencias, sobre todo la muerte de uno de sus compañeros de la nacionalidad Quichwa que hoy todos lloran.
Hecho que nuevamente fue reiterado por varias ocasiones, especialmente la rueda de prensa por los dirigentes indígenas en día lunes 27 de junio, donde Iván Illanes miembro de la nacionalidad Quichwa, señaló textualmente, que las nacionalidades amazónicas, declaran persona no grata para la provincia de Pastaza al asambleísta Elías Jachero y pidió justicia para que el Gobierno Nacional responda por la muerte de su compañero Byron Guatatoca.
También, dijeron que estaban pendientes de la votación que hicieran los asambleístas de esta provincia, con respecto a la revocatoria de mandato que se impulsa en la Asamblea Nacional en aplicación al Art. 130 de la Constitución de la República; voto que se concretó en contra de la moción para la destitución del Presidente de la República Guillermo Lasso.