La noche del jueves 4 de septiembre, un operativo de control de Intendencia de Policía, en coordinación con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, procedieron a la clausura del centro de tolerancia denominado “Las Vegas” en el sector del barrio Las Palmas, por no contar con el permiso anual de funcionamiento y también por encontrarse a personas indocumentadas dentro del establecimiento.
Este acto causó la inmediata reacción de los propietarios, quienes por medio de su abogado Dr. Diego Orosco, salieron al paso para criticar esta acción, calificándola como un acto de persecución por parte de las autoridades del Gobierno Municipal del Cantón Pastaza.
El abogado de la defensa, señala que sus defendidos al momento tienen ganado una acción de protección por violación de varios derechos constitucionales en la manera cómo ha procedido el Municipio de Pastaza, razón por la cual, a no tener argumentos para lograr clausurarlos, se ha valido de otra instancia, como es en este caso la Intendencia de Policía para que realice la clausura.
Acotó que, el predio en el cual funciona el Night Club “Las Vegas” tiene un colindante, que es el Dr. Elías Barrera, actual procurador síndico del Municipio de Pastaza, el cual pretende lotizar su propiedad, pero la presencia del Night Club se convierte en un impedimento, señala que dicho profesional por derecho constitucional debería abstenerse y no actuar en esta situación.
Aclara que, pese a que tienen ganado una acción de protección, el Municipio de Pastaza se ha negado a otorgarles el permiso del uso del suelo, tienen cancelado el valor de la patente y no tienen deudas pendientes con la institución municipal.
Se ha dicho que el centro de tolerancia al encontrarse en una zona urbana no puede seguir operando y que más bien tiene que ser reubicado, pero resulta que hasta el momento no han recibido una notificación oficial a este respecto y tampoco se les ha señalado un área destinada para zona roja de la ciudad de Puyo. Aparentemente se les ha dicho que pueden ir hacia el lado de la vía a Veracruz, pero no está regulado como zona regulada, por lo cual no se puede aceptar porque no se ha socializado con los pobladores de ese sector que bien pueden oponerse a recibir un centro de tolerancia.
Ellos no se oponen a la reubicación, pero señalan que tiene que darse con el debido proceso y con la claridad de una zona regulada para este fin.
Ahora, no les queda otra que tomar nuevamente una acción legal porque se está violentando varios derechos y porque hay un claro interés de un funcionario municipal que tiene intereses personales para hacer que salgan de este lugar.