El pasado 4 de enero, durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad (COSEPE), el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció públicamente la construcción de dos mega cárceles en las provincias de Pastaza y Santa Elena, todo ello como parte de su proyecto de seguridad nacional, denominado “Plan Fénix”.
Este anuncio se enmarca en un contexto de creciente crisis en materia de seguridad y violencia a nivel nacional, en donde la provincia de Pastaza no es la excepción.
En su rol como representante de la Provincia, el asambleísta Fausto Fernández Rosales gestionó inmediatamente sendas reuniones con altos funcionarios del Ministerio de Gobierno, en la ciudad de Quito. Durante estos encuentros, trasladó de manera efectiva las inquietudes ciudadanas para su posterior tratamiento por el gobierno central.
En las citas mantenidas, se enfatizó por parte de los voceros del régimen, que el propósito primordial de este proyecto constructivo es la segmentación de la población carcelaria, con la intención de distanciarla de zonas con alta incidencia delictiva. De igual manera, otro de los objetivos, se dijo, sería la implementación de medidas que aseguren el aislamiento de la población carcelaria.
A pesar de ser una decisión gubernamental, la cual recae en la atribución legal y constitucional del presidente de la República para disponer en asuntos de seguridad, Fernández plantea varias consideraciones, entre las cuales destaca su preocupación por las posibles repercusiones que podrían impactar al sector turístico, económico y social de Pastaza.
En sus declaraciones a los medios de comunicación, el legislador planteó cuestionamientos sobre si la clave para mitigar la inseguridad radica en construir nuevas cárceles o abordar las causas profundas de la criminalidad.
Así también, mencionó que mientras persista una estructura criminal que controle los centros carcelarios y no se eliminen los privilegios que gozan los líderes de estas bandas, ninguna política carcelaria podrá ser efectiva.
Para concluir, Fernández enfatizó la imperiosa necesidad de demandar al Gobierno la implementación de políticas sociales, reconociendo que su ausencia genera precisamente inseguridad y violencia.