Múltiples jurisconsultos, constitucionales y uno que otro aparecido por ahí, se han pronunciado ya sobre la evaluación de los Jueces Constitucionales, indicando que hemos pasado de una asamblea que se decía de los borregos quienes por lo menos decían meeeee, a una asamblea de las focas porque solo aplauden sin razonamiento alguno.
Como se puede pretender que unos neófitos políticos con nulo conocimiento de derecho o peor aún de procedimientos constitucionales evalúen a los más altos intérpretes de la norma constitucional, los únicos que tienen la capacidad de garantizar los derechos a los ciudadanos frente a los atropellos de los poderes del estado y que ahora se pretenda censurar su actuación con un enjuiciamiento político cuando no les parezca que sus actuaciones obedecen al ejecutivo de turno.
Ya estamos viendo que los errores políticos quién sabe si mal infundados por desconocimiento o simplemente por siempre pretender manejar al estado como una meretriz que se venda al mejor postor, ya han pasado la factura en el caso del ex presidente Abdala Bucaram, y de donde van a salir esos 200 millones de dólares que habrá que indemnizar al estado, pues no van a salir del bolsillo de esos 44 diputados que con complejo de médicos psiquiatras estigmatizan como incapaz mental al presidente antes indicando.
Por los albures del 8 de diciembre del 2004, cuando cesaron en funciones a los Jueces de la Corte Nacional, así como al Tribunal de la Corte Constitucional, siendo un total de 19 jueces destituidos, pero que paso después, en tres sentencias la Corte Interamericana obligó al estado a pagar más de quinientos mil dólares a cada uno de los Jueces por su ilegal separación, así como por la violación al debido proceso por parte del famoso Congreso Nacional.
El hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, más de veinte años después se pretende nuevamente observar los criterios legales y constitucionales a Jueces Probos que regulan la práctica del derecho en el ecuador, porque a un muñeco de cartón no le parecen sus fallos, y peor aún de la manera más canalla se atrevió a desalojar las instalaciones en donde radica la Corte constitucional, para después del lapsus brutus indicar que no que sigan no más.
Canalla y desleal la posición de todo un aparataje estatal que se movilizó con medios y recursos públicos, frente a los jueces que solo se defienden con su conocimiento, es hasta en demasía una defensa desmedida frente la máquina institucional estatal.
Por: Edwin Mosquera G.