El pasado 11 de diciembre del año en curso autoridades de Napo llegaron a la asamblea nacional con el propósito de sensibilizar al gobierno a través de un exhorto para intentar declinar la decisión de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en el cantón Archidona, de la provincia de Napo.
Los asambleístas votaron contra este proyecto llegando a los 95 votos, según sus opiniones, pretendían exigir al mandatario, Daniel Noboa Azin suspender la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Archidona, este centro de rehabilitación social estaría adjudicada por $52 millones a una empresa vinculada a la estatal China CRBC.
Este exhorto que se intentó, se dio a los nueve días de resistencia activada en Napo, donde las comunidades indígenas, campesinas y población en general rechazaban a este proyecto, que según los dirigentes “representa una amenaza directa a la Amazonía, su biodiversidad, y los derechos colectivos de sus habitantes”.
Poco después de este intento fallido en la Asamblea Nacional, la delegada del Gobierno Nacional, Justin Zambrano acudió a uno de los puntos máximos de la paralización y anuncio que el proceso de construcción seguirá, esto sin llegar a ningún acuerdo.
Ante esta información proporcionada por los delegados del gobierno, los manifestantes anunciaron que la medida de hecho se mantendrá en los puntos de resistencia.