Han pasado varios meses de lo que se conoció sobre un supuesto acto de corrupción al interior de la Gobernación de Pastaza, en donde varios propietarios de negocios denunciaron haber sido perjudicados por parte de una funcionaria pública que habría retenido valores correspondientes a los pagos por permisos de funcionamiento a cambio de entregarles documentos falsos.
El Gobernador de ese entonces Rolando Ramos, señaló que personalmente había puesto una denuncia ante la Fiscalía del Estado, para que se hagan las investigaciones correspondientes sobre el caso, mientras que la funcionaria implicada fue separada momentáneamente de sus funciones.
Hasta la presente fecha, los perjudicados dicen no haber obtenido respuesta alguna por parte de las autoridades y, lo que es más, ahora no pueden tramitar su permiso correspondiente del año 2026, puesto que se les obliga a cancelar los saldos pendientes que ellos ya depositaron en las manos de la funcionaria.
Ahora se sienten perjudicados y señalan que no es posible que se les obligue a pagar dos veces por algo que ya cumplieron y es la Gobernación la que tiene que responder puesto que ellos en buena fe confiaron en una funcionaria de la institución que aparentemente les hacía el trámite pero que en realidad les entregó documentos falsos.
Los valores que ahora les exigen oscilan entre los USD 500 a USD 2.000 dólares, que para ellos son demasiado altos que no pueden cubrir, por la situación económica que ahora está atravesando el país.
Cada uno de ellos se han acercado a la fiscalía a presentar su denuncia por separado, pero no les quieren receptar por cuanto ya hay un proceso iniciado desde la misma gobernación, pero que hasta la presente fecha no hay resultado alguno, mientras que la persona implicada se pasea campante por las calles de la ciudad.
Ahora exigen a la nueva gobernadora que tome cartas en el asunto, que les brinde alguna solución, puesto que hasta el momento no cuentan con los permisos en regla y prácticamente están laborado de manera clandestina, muchos de ellos son propietarios de bares, karaokes, discotecas y Night Clubes no solo de Pastaza, sino también de Mera y Santa Clara, que vienen siendo regulados por el Ministerio de Gobierno y por lo tanto el permiso de funcionamiento lo tramitan en la Intendencia de Policía.