El lunes 7 de octubre, durante la marcha protagonizada por varios sectores sociales de la provincia de Pastaza, en su intento de llegar hasta la Gobernación, se dio el enfrentamiento con los elementos del orden como Policía Nacional y ejército ecuatoriano.
La dura batalla que duró por más de cuatro horas, desencadenó una serie de actos violentos que atentaron contra el bien público y la propiedad privada, ocasionado terribles daños y cuantiosas pérdidas.
Al día siguiente, todo fue desolación y caos y un total descontento por los resultados de la revuelta: Ventanas rotas en la Gobernación de Pastaza, iguales daños en el Centro de Salud Gilberto Díaz del Municipio de Pastaza, destrozos en el UPC del barrio Méjico y un recolector de basura en la calle Diez de Agosto.
En cuanto a la propiedad privada, daños en muchos locales comerciales, como “Pan de Casa” con pérdidas que superan los 20 mil dólares, según declaraciones preliminares de su propietaria, María Coca; así también en restaurant “Casabe” del hotel Los Cofanes, en la local “Sinnamon” y la peor parte en la “Casa de la Mochila”, entre otros.
La ciudadanía quedó totalmente desconcertada y condenó estos hechos que más que ser una protesta son actos de vandalismo, ocasionados por personas infiltradas con la finalidad de hacer daño. Aunque doña María Coca, responsabilizó directamente a los policías y militares, por haberse escudado en estos lugares, ocasionado que se conviertan en blanco fácil de los ataques de los ciudadanos.
Algunos de los propietarios hablaron de tomar acciones legales para que alguien les responda tanto por los daños materiales, como por las pérdidas en económicas en mercadería.
De parte de los movimientos sociales, sobre todo del sector indígena como la UNE, han salido a deslindar responsabilidades, puesto que fueron personas infiltradas, ajenas a estos grupos, sobre todo extranjeros y antisociales los que con otras intenciones hicieron estos daños.